Argentina en la Crisis del 2001: Propuestas para el análisis.

Modelo para armar: complejidad y perspectivas de la protesta social en la Argentina reciente

Germán Pérez, 2002

Nos proponemos caracterizar a los principales actores del profundo ciclo de movilización social y participación política abierto en Argentina en los últimos años de la década del ’90 que se acrecentó con los acontecimientos de diciembre de 2001. Partiremos de un diagnóstico de las transformaciones sociopolíticas y socioeconómicas operadas durante la década del ’90, necesario para establecer el marco crítico dentro del cual el proceso se desencadena. Sugerimos pensar el fenómeno en los márgenes de una aparente paradoja: de un lado, la complejidad de los actores protagonistas en lo que hace a sus demandas, identidades y formas organizacionales, que dificulta pensarlos como un movimiento social en sentido tradicional, del otro, el profundo impacto político de sus intervenciones que han contribuido a cuestionar aspectos centrales del orden político como los modos de representación, los procesos de legitimación y la función del estado como agente de integración social.

Durante la década del ´90 se consumó en la Argentina una profunda transformación, tanto del régimen social de acumulación (RSA) como del régimen político de gobierno (RPG), que impactó fuertemente sobre los soportes tradicionales de conformación de las identidades políticas. En el primer aspecto, la combinación entre desregulación desordenada y apertura indiscriminada de la economía nacional en condiciones de competitividad desfavorables, tuvo como consecuencia un cuadro de crecimiento exponencial del desempleo y precarización de las condiciones de trabajo sumado a una distribución fuertemente regresiva del ingreso. En este marco, dominado por el eufemismo de la “flexibilización laboral”, fueron perdiendo consistencia social los referentes funcionales de conformación de identidades políticas, vinculados a la inserción en la estructura laboral, que habían tenido una fuerte impronta en los procesos de constitución de la ciudadanía social en Argentina hasta mediados de los años ´70. La consecuente “explosión de lo social”, denominación asignada a una situación en la cual el mercado de trabajo, más o menos regulado por el estado, ya no opera la mediación entre el RSA y la estructura de oportunidades materiales y simbólicas de amplios sectores sociales, significó una profunda complejización del universo de los sectores populares en la forma de heterogeneización y precarización del empleo con la consecuente fragmentación de sus identidades y organizaciones tradicionales.

Por el lado del RPG, el modelo neopopulista se sostuvo en un sistema político dominado por un proceso de fuerte personalización de la representación que permitió al gobierno concentrar recursos para la toma de decisiones, al mismo tiempo que limitaba las posibilidades del subsistema de partidos para estructurar una representación política organizada sobre la base de clivajes ideológicos y propuestas programáticas. La crisis final de la Alianza, desnudó el fracaso de una elite política que había piloteado la transición democrática, pero se revelaba definitivamente incapaz, tanto de estructurar formas racionales y participativas de representación, como de garantizar la vigencia de los más mínimos controles republicanos en el funcionamiento del sistema político.

Con la precipitación de la inevitable crisis financiera del estado argentino a lo largo de 2001, que remató en la implantación de la restricción fiscal del acceso al dinero depositado en los bancos y la virtual confiscación de los mismos, curiosamente denominada “corralito financiero”; más la evidencia ya inocultable del crecimiento exponencial de la desocupación y el dramático deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, se rompe la ficción neoliberal del acceso al mercado como sustituto de un espacio público de reconocimiento social y constitución de ciudadanía. Este modelo de una ciudadanía de baja intensidad, configurada sobre la base de la doble interpelación como consumidor con diversos grados de acceso al mercado y cliente de empresas privadas monopólicas, liberadas de toda regulación y control estatal en la provisión de servicios públicos, se combinó durante buena parte de la década del ‘90 con una concepción delegativa de la democracia. Según esta concepción, la selección y legitimación de los liderazgos políticos se realizaba en función de la capacidad de las elites para mantener el estado de cosas, independientemente de la eventual clausura del espacio público como escenario de participación y control colectivo de la gestión de gobierno. La amenaza, estratégicamente reiterada, del retorno al descalabro hiperinflacionario -del mismo modo que había operado el fantasma del golpe institucional durante el primer tramo de la transición- contribuyó a sellar el pacto hobbesiano según el cual la seguridad pública frente a las remanidas figuras del terror sólo quedaba garantizada mediante la delegación de todo poder de decisión en el Ejecutivo. En definitiva, resultaba de esta trama una democracia defectuosa, sustentada en la capacidad de negociación directa de las elites con los grupos de interés más allá de cualquier instancia deliberativa o control republicano.

De esta suerte, el feroz desencadenamiento de la crisis a fines de 2001 enfrentó a amplios sectores de la sociedad argentina con la evidencia desesperada de la descomposición de los soportes de constitución de la ciudadanía en tres niveles concurrentes: en el plano de los derechos civiles, como consecuencia de la trasgresión de los controles republicanos operada por sucesivos gobiernos en su afán de aumentar sus prerrogativas y el manejo discrecional de la gestión pública, en el plano de los derechos políticos, por la aguda crisis de representación de un sistema político fragmentado y atravesado por la puja de intereses sectoriales sin prospectivas programáticas ni posiciones ideológicas claras y, finalmente, en el plano de los derechos sociales, como resultado del desmantelamiento del estado asistencial y la destrucción del mercado laboral.

Ante este panorama, la prescripción constitucional según la cual el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de la intervención de sus representantes, fue ubicada por la dinámica del conflicto social posterior al 19 y 20 de diciembre en el centro de sus cuestionamientos. Precisamente el problema planteado por asambleas, piqueteros, ahorristas, etc., parece poder formularse del siguiente modo: ¿cómo pueden redefinirse las relaciones entre participación política ampliada, deliberación asamblearia, representación política y procesos de toma de decisiones frente al colapso del sistema político tradicional del cual la crisis de diciembre de 2001 fue su manifestación más profunda? Con diferentes modulaciones de acuerdo a la situación de oportunidades, posibilidades e intereses específicos de cada uno de los grupos, todos ellos expresan dramáticamente la crisis de legitimidad, esto es, la pérdida de validez intersubjetiva de las disposiciones que orientan la acción hacia la obediencia frente a un tipo de dominación política, de un sistema político altamente fragmentado y atravesado por la puja constante de facciones inestables.

Espacios de resistencia y nuevos actores sociales

Ahora bien, la incorporación activa de los sectores medios urbanos a la protesta social a fines de diciembre de 2001, en la forma de diversos núcleos asamblearios, debe analizarse considerando el espacio de resistencia a las consecuencias de desafección social de las políticas de ajuste estructural inaugurado más de un lustro atrás por el denominado movimiento piquetero. La lucha piquetera por el reconocimiento público de la figura del trabajador desocupado, en un primer momento estigmatizado como excluido del proceso de modernización por su incapacidad para reconvertirse o como mero apéndice de redes clientelares corruptas, abrió un espacio de resistencia y politización del conflicto social que durante la primera parte de los noventa permanecía sepultado bajo una concepción de la política como mera administración de las cosas, combinada con la obscenidad de un discurso político travestido con lo más vulgar de los lenguajes mediáticos. Además, la experiencia piquetera produjo una profunda reterritorialización del conflicto social generando complejas redes de sociabilidad al nivel del barrio o la pequeña ciudad, en un contexto donde la desindustrialización, la transferencia del gasto público a provincias quebradas y las privatizaciones de los servicios públicos habían dejado en una situación de desprotección extrema a amplias franjas de los sectores populares. También la gestión participativa, horizontal y deliberativa de la toma de decisiones, el modelo asambleario que parece recorrer todas las manifestaciones de nuevos actores políticos posteriores a la crisis de diciembre, tuvo sus primeras manifestaciones en las distintas organizaciones de desocupados. Por último, y acaso más importante, la prédica piquetera reinstaló la cuestión de la responsabilidad del estado como garante de la equidad indispensable para el ejercicio efectivo de la ciudadanía.

De modo que la masiva resistencia civil expresada el 19 y 20 de diciembre, insistimos, protagonizada fundamentalmente por sectores medios urbanos, contaba ya con un espacio de resistencia inaugurado por los más perjudicados por las políticas de ajuste, y respecto del cual cada nuevo actor político tendría que posicionarse. Si bien las consecuencias de desafiliación social provocadas por el régimen de acumulación ya eran evidentes mucho antes de la llegada de la Alianza al gobierno, el fracaso de la coalición precipitó la crisis del RPG que, más allá del disparador que sin duda significó la confiscación de los depósitos bancarios, constituyó el blanco de las críticas furiosas de los caceroleros y perdura hoy como núcleo duro de demandas en lo que queda de las asambleas populares. La clave del cuestionamiento al RPG se manifestó en la forma de una crítica profunda a la representación política expresada en la consigna que aun sustenta al complejo entramado de actores protagonistas de la movilización social: “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Así como el movimiento de trabajadores desocupados reconoce importantes y complejas divergencias internas: corrientes orientadas a una sindicalización democrática que incluya a los trabajadores desocupados, otras de corte autonomista concentradas en la producción de redes solidarias territoriales independientes del estado, aquellas que asignan al movimiento el carácter de vanguardia de una lucha de clase planteada en términos tradicionales; también los cuestionamientos a la representación política por parte de las asambleas post 19 y 20 manifiestan distintas vertientes no necesariamente concurrentes.

Tenemos, por un lado, las asambleas, en general autodenominadas populares, que se plantean el problema de la organización de un colectivo multiclasista cuyas diferencias deben ser abolidas en función de hacerlo coextensivo a una representación del pueblo como “unidad de los intereses en lucha”. Tanto la búsqueda de la unanimidad como horizonte normativo de la deliberación, como la estrategia de multiplicación de los ámbitos de reunión más allá de las pertenencias territoriales y las diferencias de clase, hacen de la participación en la asamblea popular una experiencia movimientista orientada a converger en un polo de poder que encarne “las aspiraciones del pueblo (en serio, y no en papeles)”. El cuestionamiento a la representación política conlleva en este caso el rechazo del propio sistema que la hace posible: la democracia representativa según la ha pensado la tradición del pensamiento liberal moderno.

La impugnación del principio representativo según el cual los gobernantes conservan cierto margen de independencia respecto de los gobernados, por parte de las asambleas populares, tiende a clausurar la diferencia entre decisión pública y voluntad general que fue ampliamente reconocida como la principal virtud del gobierno representativo. Más o menos situacionistas o autonomistas, se siguen de estas resistencias a la representación política modelos de gestión de la cosa pública próximos al ideal de un autogobierno plebiscitario que sólo sería posible, y aquí radica buena parte de las preocupaciones de este modelo asambleario por coordinar los intereses multiclasistas, en la medida que tales intereses resulten transparentes para el colectivo. Ese momento de la pura transparencia es también el momento en el cual el pueblo asiste a su propia autorrepresentación como colectivo indivisible y, consecuentemente, absolutamente soberano. Es decir, si la voluntad general fuera plenamente conmensurable la representación política sería un mero defecto a ser erradicado por el pueblo encarnado en la unidad de sus intereses.

Ahora bien, es precisamente contra esta ficción de una plena autorrepresentación de la voluntad general contra la que se erige la compleja maquinaria del gobierno representativo. Lo que la representación política erradica es la posibilidad de que un colectivo específico, un nosotros definido por intereses, demandas o identidades compartidas, se identifique con la voluntad general que, en tanto colectivo indivisible, debe resultar siempre últimamente irrepresentable. El gobierno representativo, manteniendo la brecha entre representantes y representados, garantiza la lógica proliferante de la homonimia política por la cual el desajuste entre las palabras políticas y los colectivos, derechos e intereses que designan, induce a la deliberación constante entre actores igualmente capaces de acción y de discurso. Justamente porque la representación mantiene la distancia, no ya entre representante y representado, sino, y aún más importante, entre lo representable y lo representado, es que toda representación, siempre frágil e inestable, requiere de la deliberación para estabilizarse.

De todos modos, claro está que no todos los procedimientos de representación dan lo mismo. Justamente, buena parte de la convulsión política que condujo al surgimiento de las asambleas puede interpretarse como el rechazo tardío a una forma personalista de concebir la representación según la cual la intervención del representado se limita no ya a la formación de consensos sociales ampliados, sino al mero consentimiento electoral prestado a figuras plenipotenciarias que, por el sólo hecho de triunfar en la competencia electoral, se consideraban inmunes a las demandas sociales. Desde este punto de vista, y esto es lo que parece suceder con la otra orientación de las asambleas, en general autodenominadas vecinales, lo que aparece son nuevas formas de participación política locales y autónomas del control de los representantes que transforman el mero derecho de libre expresión en el ejercicio organizado de petición y resistencia frente a las autoridades públicas. Aquí la demanda se orienta más a discutir las posibles rearticulaciones de la relación entre electores y elegidos, aboliendo los privilegios y generando formas más racionales y participativas de representación y control ciudadano, que al cuestionamiento de la representación en tanto tal. El gobierno representativo aparece para estos actores como un marco para desarrollar actividades autogestionarias y locales, que debe ser reformulado en la dirección de un republicanismo deliberativo, donde la gestión de la cosa pública no se restrinja a la manipulación de las elites amparadas en la razón de estado, sino que incorpore efectivamente instancias colectivas de participación deliberativa y control ciudadano. El propio estado, estigmatizado por su carácter de instrumento privilegiado de la dominación capitalista según la primera concepción, aparece en la cosmovisión de las asambleas autodenominadas vecinales como un conjunto de instituciones públicas que deben ser reapropiadas por los ciudadanos sustrayéndolas del control de las elites corruptas.

A modo de conclusión

Como se verá, las orientaciones son conflictivas y, consecuentemente, las perspectivas resultan intrigantes y abiertas. Sin embargo, una conclusión se impone aún asumiendo las perplejidades de la hora. Lo que estamos presenciando, y que debemos celebrar más allá de la complejidad que el fenómeno presenta en cada una de sus manifestaciones, es la acelerada recomposición del poder humano tal como Hannah Arendt nos enseñó a pensarlo: como la revelación de un espacio público entendido como un mundo común que surge entre nosotros, invitándonos a coordinar acciones ante la evidencia gozosa de la pluralidad humana. En este sentido vale recordar que la deliberación no constituye una actividad desinteresada y orientada originalmente a una verdad que subtiende o trasciende al propio momento del encuentro en el espacio público, sino una práctica configurativa a través de la cual el mundo adviene como realidad compartida. Sólo persistiendo en esa tensión entre intereses comunes y pluralidad de los puntos de vista, será posible que los nuevos actores que inspiran estas reflexiones conserven y multipliquen el poder que han sabido reivindicar.

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4 comentarios

Archivado bajo Crítica, Política

4 Respuestas a “Argentina en la Crisis del 2001: Propuestas para el análisis.

  1. anita

    no se entiende un pedo

  2. YO HOY A LA NOCHE , SE QEDA GUADA A DORMIR Y A LA TARDE TMB, PERO ADEMAS, BUENO VOY A LEER DE DIA

  3. YO SI ENTENDI ME RE SIRVIO PARA T.I.C
    UNA MATERIA QUE TENGO QE HACER UNA MONOGRAFIA
    gracias!

  4. Ignacio

    Esta muy bueno el análisis, pero discrepo en la premisas, los 90 no fueron cambios realizadas por ideas Liberales, todo lo contrario fue el Keynesianismo en un su maxima expresion, Control del tipo cambio, altos impuestos, poca apertura comercial (el mercosur es una mentira – Nos cerramos al mundo).

    De todas formas los actores sociales nuevos, son correctos.

    Slds
    Ignacio

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